La Defensoría del Pueblo del Perú no encontró ningún caso de persona cuyo paradero se ignore después de los hechos violentos del 5 de junio en la Amazonía, salvo por un capitán de la policía, señaló la institución en un pormenorizado informe.
“De la información recabada en 39 misiones itinerantes realizadas y en entrevistas sostenidas con autoridades de otras 16 comunidades, se puede inferir que, en todos los casos, las autoridades reportaron el retorno de los pobladores indígenas, a excepción de las personas que permanecen hospitalizadas o internadas en el establecimiento penal de (la ciudad de) Chachapoyas”, dice el informe.
La Defensoría del Pueblo permanecerá atenta en caso de presentarse alguna denuncia por personas con paradero aún desconocido por sus familiares”, añade.
DESCARTAN RUMORES DE MATANZA
El reporte de la Defensoría, institución que goza de extendida credibilidad en la materia, desmiente versiones de que el número de muertos civiles fue superior a los diez reconocidos oficialmente por el gobierno.
Los rumores sobre una gran matanza de indígenas -se habló hasta de cientos de muertos- empezaron a circular el mismo día, alimentados, según el gobierno, por gente interesada en crear caos, pero perdieron fuerza en la medida en que los no ubicados fueron retornando a sus comunidades o aparecieron en hospitales, cárceles o refugios.
Tal es el caso, indica la Defensoría, de una lista que circuló con 60 nombres de desaparecidos, todos los cuales fueron ubicados luego.
La única persona de la que hasta el momento se ignora qué pasó es el capitán Felipe Bazán Soles. La policía lo tiene desde el comienzo en la lista de 24 fallecidos de su institución, pero su cuerpo, a diferencia de los otros 23, no aparece.
En su reporte, la Defensoría indica que en los hechos murieron 23 policías -sin incluir a Bazán Soles- y diez civiles, 200 personas resultaron heridas y 83 fueron detenidas.
De los civiles muertos, cinco eran indígenas y cinco mestizos. De los 200 heridos, 82 lo fueron a bala y nueve siguen hospitalizados. Ochenta y cuatro personas están imputadas penalmente, de las que 41 tienen con orden de detención y las demás sólo de comparecencia.
Los hechos se desataron en el marco de una huelga de indígenas amazónicos que se prolongó por 70 días, cuando la policía lanzó una operación para desbloquear una carretera tomada en las afueras de la ciudad de Bagua.
Los indígenas afirman que los policías dispararon primero. La policía y el gobierno aseguran que fueron los nativos, tras quitarles armas a los uniformados por su superioridad numérica. En el lugar murieron 12 policías -o 13, con Bazán Soles- y cuatro nativos. En el casco urbano de Bagua fallecieron otros seis civiles, mientras que en una provincia vecina fueron asesinados 11 de 38 policías que permanecían como rehenes en un campo petrolero.
Tomado de EL COMERCIO PERU
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