Confianza y tolerancia deben imperar
Un arduo trabajo debe haber sido para el abogado Francisco Ballón recopilar las 18 mil leyes sobre la Amazonía que el Gobierno Peruano ha emitido desde la fundación de la República hasta hoy. “Este esfuerzo —dijo el especialista en temas amazónicos Roger Rumrrill, durante la Mesa Redonda realizada por El Comercio para analizar la problemática territorial, social y cultural de los pueblos indígenas— ha recogido toda la legislación existente sobre la selva, y evidencia el interés que han tenido los gobiernos sobre esta parte del territorio”.
Sin embargo, “este interés ha sido y es únicamente extractivo, antes los caucheros, y ahora la madera, el petróleo y el gas, no se desarrollan ni articulan cadenas productivas ni se toman en cuenta las decisiones de las comunidades indígenas”, señaló el biólogo Ernesto Ráez Luna, director de Ciencia y Desarrollo del Centro de Sostenibilidad Ambiental.
Durante la mesa redonda, dirigida por Martha Meier Miró Quesada, editora del suplemento El Dominical, y moderada por Juan Paredes Castro, editor central de Política, los especialistas invitados, entre ellos la defensora del Pueblo Beatriz Merino, reconocieron que leyes hay por montón, pero que muchas no se cumplen. Una de ellas, precisamente, es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
La abogada Virginia Bustamante, ex asesora de Aidesep, recordó que los gobiernos regionales de la Amazonía deberían incorporar a los representantes de las organizaciones indígenas en los consejos de coordinación regional, pero que no lo hacen. “Tenemos todas las herramientas legales para fomentar la participación y no las usamos”, dijo al explicar que tal vez con una representación indígena en estos espacios los últimos sucesos de Bagua (Amazonas) jamás hubieran ocurrido. Sobre esta retahíla legislativa el economista Carlos Adrianzén sintetizó: “El Perú es un Estado de papel”.
MODELO DE DESARROLLO
Dos tercios del Perú es Amazonía; sin embargo, los últimos conflictos ponen de manifiesto que autoridades y ciudadanos de las zonas urbanas tienen una imagen distorsionada de esta región.
La defensora del Pueblo sostuvo: “Estamos frente a uno de los retos más importantes e interesantes como país: ¿Cómo hacemos que el desarrollo sea inclusivo? ¿Cómo superamos la desconfianza en estos pueblos históricamente olvidados?”. Merino enfatizó que lo que se busca ahora es “reconstruir el escenario de una relación quebrada”.
Para evitar las distorsiones en el nuevo proceso de diálogo que parece nuevamente abrirse, la defensora recomendó a las partes no imponer vetos mutuos a los interlocutores. Lo dijo a propósito de la resolución suprema del Ejecutivo, en la que se decidía no convocar a Aidesep como representante de las comunidades indígenas (después de esta Mesa Redonda, el primer ministro aclaró que dicha organización sí participará en las conversaciones). El documento señala que la nueva comisión estará integrada por 10 apus (líderes indígenas), aunque no establece quiénes o de dónde son, ni cómo los elegirán. “Son 1.500 comunidades en todo el país, ¿cómo elegirán a los representantes?”, se preguntó la abogada Adda Chueca, directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Caaap).
Sobre este mismo tema, la antropóloga Margarita Benavides, subdirectora del Instituto del Bien Común, solicitó al Gobierno respetar la institucionalidad de las comunidades, la cual ha costado más de 30 años organizar. “No pueden “saltarse” la dirigencia nacional; es como si ignoraran a la CGTP y se llamara a los otros sindicatos miembros”, precisó.
Los invitados insistieron también en la trascendencia de esta comisión. “Esta mesa de diálogo debe fijarse metas más allá del corto plazo. Debe trascender los hechos de Bagua, porque de lo contrario los problemas persistirán. Y para ello tiene que haber mucha disponibilidad al diálogo y se debe superar la desconfianza arraigada”, insistió Ráez.
El biólogo indicó que solo así podrá generarse un desarrollo más equitativo, sobre todo cuando “la Amazonía peruana pone al Perú en los ojos del mundo, por su alto valor estratégico”.
En ese mismo sentido, Rumrrill apuntó: “No es posible un modelo de desarrollo sostenible en la Amazonía sin los indígenas”.
EL CONVENIO 169
La consulta previa que demanda el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo (OIT), respecto a la toma de decisiones sobre las tierras de los pueblos indígenas, fue otro de los puntos discutidos durante la mesa redonda. Salvo el economista Carlos Adrianzén (que señaló que “le estaban dando un peso a la ley que no tenía”), los panelistas coincidieron en señalar que los decretos que los indígenas rechazan violaron el referido convenio.
Adrianzén recalcó: “Hay muchas responsabilidades sobre el papel, pero que no se pueden cumplir porque cuesta. Por eso se deben priorizar los temas”. La postura del economista fue la siguiente: “Si todos somos ciudadanos, ¿por qué a unos hay que consultarles determinadas leyes y a otros no? ¿Acaso no todos somos iguales?”.
Según Ráez, no se debe confundir el derecho a la participación con el derecho a la consulta. “No estamos hablando de igualdad de derechos sino de igualdad de oportunidades. El convenio garantiza, precisamente, que estas comunidades tengan la oportunidad de decidir el destino de sus tierras”, explicó.
Por su parte, la defensora del Pueblo precisó que si bien el convenio promueve una mayor participación, la última palabra siempre la tienen los representantes del Gobierno.
SEGURIDAD DE LAS TIERRAS
El problema de fondo —según Margarita Benavides— es la falta de seguridad jurídica sobre la propiedad de las tierras. “La herencia cultural de estos pueblos está vinculada a esta. Son 7 millones de hectáreas las que faltan sanear y el Decreto 1089 otorga esa facultad al Cofopri, cuando esta dependencia no cuenta con especialistas en esos temas”, lamentó. También detalló que hay solicitudes de reserva territorial que esperan su aprobación desde mediados de los años 90.
La defensora recordó: “Nosotros ya hemos dicho que se debe evitar la superposición de lotes petroleros con las reservas comunales y otras áreas naturales protegidas”. Al final de la mesa, los invitados solicitaron al Ejecutivo dejar el “tono confrontacional y los gestos de intolerancia”.
Congreso no cumplió sus compromisos
El 22 de abril de este año —44 días antes de las trágicas muertes de Bagua— el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, envió un oficio al presidente de Aidesep, Alberto Pizango, en el que se comprometía a “coordinar con la presidencia de la Comisión de Constitución, a efectos de que sus asesores elaboren un informe sobre la implicancia del proyecto de ley 3185 (que regula el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa)”.
En el mismo documento, Velásquez Quesquén señalaba que el 28 de abril iba a convocar a Junta de Portavoces para poner en consideración el proyecto de ley 3185 y para que la respectiva comisión emitiera su dictamen.
Sin embargo, este proyecto no se discutió nunca en el Parlamento.
Tomado del artículo de Nelly Luna Amancio en EL COMERCIO.com.pe
